
En 1883 fue aprobada la ley de cementerios laicos, y en 1884 la de matrimonio y registro civil. En adelante, funcionarios del Estado, serian los encargados de llevar los registros de nacimientos, matrimonios, y defunciones, independientemente de los registros parroquiales.
El entusiasmo liberal llegó incluso a plantear la necesidad de separar la Iglesia del Estado, pero en este aspecto no hubo consenso. Esto ocurriría solamente con la vigencia de una nueva Constitución en 1925.